Pero bueno, fuera de observaciones inoportunas al respecto, vamos a ver los puntos que se van a modificar en un plazo de tiempo relativamente corto:

Se suprime la definición de gran establecimiento comercial. Evitando un trato discriminatorio desde la legislación estatal a los distintos formatos comerciales, al no hacer referencia a los metros cuadrados del establecimiento. Por fin se van a catalogar los espacios comerciales por sus metros disponibles, o al menos eso se quiere intentar.

Se elimina la obligatoriedad de la licencia comercial y se establece el principio general de libre establecimiento. Descafeinado 100% puesto que las autoridades competentes podrán establecer un régimen de autorización, debiendo justificarlo de acuerdo con el principio de proporcionalidad e identificando de forma objetiva y previsible las razones que motivan el establecimiento de la misma y el impacto estimado.

Además, recordemos que estas competencias están transferidas a las CCAA con las consiguientes desigualdades en el trato de unas zonas a otras. Esta posición que manifiesto queda ratificada por la compatibilidad de esta adaptación con la nueva ley que está en preparación sobre la liberalización de los servicios y no invade las competencias autonómicas. Otra vez más, mucho ruido y pocas nueces.

Se tenía que contemplar en esta legislación un abanico de establecimientos comerciales que pudieran abrir sus puertas cumpliendo unos requisitos mínimos. Para que nos hagamos una idea: existen poblaciones en donde las diferencias en las puertas de acceso así como las ubicaciones de extintores rayan un cierto grado de psicosis.

Eliminar este tipo de barreras administrativas son las que favorecen la fácil implantación de comercios, no medidas descafeinadas, tal y como parece ser que va a ser este octava reforma.